La soledad de Venezuela
América Latina da la espalda a la violencia política, la censura y la criminalización de la protesta que se ha agudizado en el país
Maye Primera Miami 14 FEB 2014 - 22:02 CET111
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Los estudiantes durante la protesta del jueves. / J. BARRETO (AFP)
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La Organización de Naciones Unidas ha pedido justicia para los muertos. La Unión Europea ha abogado por el “diálogo pacífico” y por el respeto a la libertad de prensa y al derecho a la protesta. El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha llamado a evitar más confrontaciones. Pero los principales líderes de América Latina, en cambio, han guardado silencio frente a la violencia desatada en Venezuela, durante las protestas estudiantiles de esta semana contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Más que el funcionamiento democrático del Estado venezolano –medido por la garantía de los derechos sociales y políticos de sus ciudadanos y por el respeto a las minorías--, lo que tradicionalmente ha preocupado de Venezuela al liderazgo Latinoamericano durante la última década es la estabilidad del Gobierno en funciones; concretamente, la permanencia en el poder del chavismo, aliado político y sobre todo, aliado económico. La última vez que un organismo multilateral se reunió para tratar la delicada situación política que atraviesa Venezuela, especialmente desde la muerte del presidente Hugo Chávez, ha sido aquella reunión de emergencia en la que participaron ocho de los doces presidentes de los Estados que conforman la Unión de Países Suramericanos (Unasur). Un encuentro celebrado en Lima, en abril de 2013, que resultó en el respaldo incondicional a la elección de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela, sin reparar en las denuncias que ponían en entredicho la transparencia del proceso, ni en las circunstancias que rodearon la muerte de ocho venezolanos durante las protestas posteriores a los comicios.
En este nuevo episodio de violencia que sacude a Venezuela –a la nación, como un todo--, los Gobiernos de América Latina lucen de nuevo conformes con la información parcial e inexacta que hasta ahora ha ofrecido el Gabinete de Nicolás Maduro, que una vez más ha denunciado tramas conspirativas para justificar el uso de la fuerza y la censura. En su alocución de este jueves por la noche, 24 horas después de los episodios que resultaron en la muerte de los estudiantes Bassil Da Costa y Roberto Redman, y del dirigente chavista Juan Montoya, el presidente Maduro se equivocó una y otra vez al dar los nombres de los fallecidos, pero dijo tener certeza absoluta acerca de dónde provinieron las balas que mataron a dos de ellos. La misma noche del jueves, el canciller venezolano Elías Jaua justificó como decisión de Estado la salida del aire en Venezuela de la cadena de noticias colombiana NTN24, la única televisora que estuvo informando en directo de lo que ocurría en las calles del país, mientras las emisoras nacionales de radio y TV transmitían programas de variedades y actos oficiales.
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La reacción de los gobiernos de América Latina fue la siguiente: Ecuador y Argentina manifestaron su respaldo irrestricto al Gobierno de Maduro, y Panamá anunció que seguirá con cautela la situación venezolana. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, informó incluso que “hasta el momento no hay prevista” una reunión de Unasur o de los socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) para tratar el asunto.
Al mismo tiempo, una decena de organizaciones venezolanas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela –Provea, Cofavic, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, entre ellas—han documentado con testimonios, videos y fotografías la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela, sin que sus denuncias hayan sido consideradas por ningún organismo multilateral. Han comprobado la negación de la defensa y en algunos casos, la tortura –con golpizas e intimidación—de los dos centenares de estudiantes detenidos durante las manifestaciones. Han protestado contra los ataques y el robo de material gráfico a los reporteros de los medios nacionales e internacionales que cubrían los sucesos de esta semana, y que prueban el suo de armas automáticas por parte de policías y militares y la intervención de grupos paramilitares afines al chavismo - denominados en Venezuela "colectivos - en la represión de las manifestaciones. Se trata de las mismas organizaciones que durante más de dos décadas han demostrado con rigurosidad ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) la responsabilidad del Estado venezolano en crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso esta vez no merecen ser escuchadas?
La comunidad de países Latinoamericanos y del Caribe se presenta ante estos hechos como una alianza de gobiernos y no de Estados, que desconoce abiertamente las voces disidentes de sus ciudadanos, en función de intereses coyunturales. El grueso de los países que conforman la Organización de Estados Americanos y casi la totalidad de los que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y la Unasur, aún reciben apoyo de Venezuela a través de los envíos de petróleo barato o tienen a este país como un cliente seguro de sus exportaciones. Ante estas razones prácticas, no caben siquiera la preocupación y la duda. Y así, mientras más acompañado está el presidente Nicolás Maduro de sus pares regionales, más solos están los ciudadanos a los que Gobierna: el pueblo chavista y el opositor, que requieren justicia para que episodios como estos no se repitan cíclicamente y mediación para el diálogo, cada vez más necesario.
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Un grupo de personas, en el lugar donde falleció una de las tres víctimas de la protesta del miércoles en Caracas. / C. G. R. (REUTERS)
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Tras el brote de violencia —tres muertos y 76 heridos— que cerró las masivas manifestaciones estudiantiles del miércoles, este viernes persistían focos de protesta en diversas ciudades de Venezuela y se batían puertos y aeropuertos en busca de un líder opositor, Leopoldo López.
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El Gobierno de Nicolás Maduro no ha perdido tiempo para vincular los disturbios con una trama conspirativa que se estaría urdiendo para derrocarlo. Aunque numerosos testimonios y materiales gráficos dan fe de la presencia de personal armado de la policía política y de “colectivos” —milicias informales de la base chavista— durante la represión de las marchas, la versión oficial busca endosar la cuenta de muertos y destrozos a la dirigencia opositora.
Autoridades policiales trataban este viernes de capturar a Leopoldo López, líder del opositor partido Voluntad Popular (VP), a quien atribuyen la organización de lo que el relato gubernamental denomina como “violencia fascista”. La Guardia Nacional ha visitado los principales puertos y aeropuertos en busca del político. “Pronto tendrá que conocer la cárcel por sus crímenes. Llueva, truene o relampaguee, el prófugo fascista debe ir preso”, advirtió el presidente Maduro el jueves por la noche.
En ese momento, también, se quebró el camino de buena parte de las versiones alternativas sobre los sucesos del miércoles, Twitter. Los usuarios de la red social notaron que desde Venezuela resultaba imposible subir anexos de fotografía y vídeo, o verlos. Se trataba de un ensayo de bloqueo que el Gobierno no ha admitido. La telefónica estatal CANTV controla cerca del 90% del tráfico de Internet.
Para imponer su visión, el Gobierno ha recurrido a una herramienta de control: su renovada ascendencia sobre los medios audiovisuales. El miércoles, prácticamente ningún canal de televisión transmitió imágenes de la movilización opositora; algunos ni siquiera la nombraron. La presión sobre los medios desquició a algunas redacciones. En Globovisión, canal 24 horas que otrora fue un reducto de la oposición, pero adquirido en 2013 por capitales cercanos al chavismo, el silenciamiento en caliente de los disturbios provocó la renuncia de al menos cinco de sus reporteras.
He pedido a la ministra de Comunicación que le hable claro a esos corresponsales”
Nicolás Maduro
La única cobertura continua de los sucesos estuvo a cargo del canal NTN24, una señal internacional originada en Colombia y que en Venezuela se conseguía a través de algunos sistemas de televisión de pago. Pero desapareció la misma noche del miércoles. Posteriormente, el presidente Maduro reconoció que esto se debió a “una decisión de Estado”. En la misma intervención, durante un Consejo de Ministros televisado por cadena nacional, el presidente venezolano criticó la cobertura de la crisis que realiza la agencia francesa AFP. “He pedido a la ministra de Comunicación e Información que le hable claro a esos corresponsales”, advirtió.
Las cabeceras de la prensa escrita enfrentan sus propias tribulaciones. En la Cadena Capriles, uno de los grupos editoriales más importantes del país, los redactores emitieron un comunicado en protesta contra la jerarquización de los títulos en la portada del tabloide Últimas Noticias, el de mayor tirada de la empresa. Las primeras páginas de jueves y viernes reflejaron de manera privilegiada las versiones del Gobierno. “Antes éramos el diario del pueblo, ahora nos quieren convertir en el diario del Gobierno”, dice el documento de los trabajadores. La cadena está en manos de una empresa controlada, según algunas fuentes, por el banquero Víctor Vargas —suegro de Luis Alfonso de Borbón—, quien ha visto prosperar sus negocios durante el gobierno chavista.
Entretanto, el diario El Nacional, férreo crítico del Gobierno, anunció que desde el sábado dispondrá de menos espacio para sus contenidos. Como otros diarios, se ahoga poco a poco en la escasez de papel de imprenta, cuya importación depende de la autorización que el Gobierno concede para el acceso a divisas extranjeras. Por otra parte, tres informadores detenidos en los desórdenes aun siguen arrestados.
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Estudiantes se manifiestan en las calles contra Nicolás Maduro / JUAN BARRETO (AFP)
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Los estudiantes opuestos al Gobierno del presidente Nicolás Maduro han vuelto a las calles por tercer día consecutivo. Al final de la jornada hubo choques entre la policía y los manifestantes, que cerraron la autopista Francisco Fajardo que cruza de Este a Oeste a Caracas. La Guardia Nacional arrojó bombas lacrimógenas y chorros de agua a la multitud, que se dispersó hacia la plaza Francia de Altamira, el reducto por antonomasia de los adversarios del chavismo. Poco después Maduro advirtió a quienes protestaban en modo despectivo: “No permitiré que cuatro loquitos cierren vías principales y autopistas”.
Lo que comenzó en los Andes venezolanos hace dos semanas como una protesta contra la inseguridad ha devenido en concentraciones de modestas proporciones en los principales Estados del país. El último propósito de ellos y del ala de la oposición que los respalda es la sustitución del régimen chavista que gobierna a este país desde hace más de quince años.
Pero antes de que su deseo pueda hacerse realidad se proponen un objetivo más modesto: que sus compañeros apresados luego de las protestas ocurridas el miércoles en Caracas y en otras ciudades del interior de Venezuela, saldadas con tres muertos y 66 heridos, sean liberados sin cargos. Las cifras de detenidos difieren de acuerdo con la fuente consultada. El jueves, en un comunicado de prensa distribuido en la mañana, el Ministerio Público reconocía 69. Pero la organización no gubernamental Provea afirmó a este diario que al finalizar la jornada había contabilizado noventa sólo en la capital del país.
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El Gobierno ha aceptado parcialmente esa petición después de reunirse con los jóvenes en horas de la noche del jueves. Hasta el viernes al mediodía Provea había listado a 16 personas liberadas, cuatro de ellas con cargos formulados, y otras 26 personas que serían presentadas ante los tribunales locales en las próximas horas. Cuatro de las seis personas apresadas en la cárcel de Coro, en el Estado Falcón, por el ataque a la residencia del gobernador del Estado Táchira también salieron a la calle. El Ministerio Público informó el viernes que había imputado a ocho hombres y dos adolescentes. Todos deben presentarse en tribunales cada 30 días. “Esto demuestra que en este país se instrumentaliza la justicia, tanto para apresar a los manifestantes como para liberarlos”, afirmó Marino Alvarado, director de Provea, al comentar los resultados de la cita entre las partes.
Los estudiantes, sin embargo, no parecen conformarse con esa victoria parcial. Al final de la tarde avanzaron hacia la autopista Francisco Fajardo, la vía expresa principal que surca de Este a Oeste a Caracas. El tráfico se detuvo totalmente porque un cordón de la Guardia Nacional impedía el paso. Luego de las 6:30 de la tarde dispersaron la manifestación. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, la primera autoridad de la zona, reportó un herido por perdigones atendido por los servicios de salud de su jurisdicción.
No parece factible la libertad plena de todos los detenidos. El Gobierno no parece dispuesto a ceder en su decisión de juzgar a los responsables de los daños que sufrieron las fachadas de varias edificaciones oficiales. Una decisión contraria comprometería su capacidad para imponer orden. Pero al liberar a algunas personas está haciendo un deslinde entre dos tipos de manifestantes: los estudiantes y los dirigentes políticos.
Para cumplir con esa estrategia el presidente Maduro ha pedido a sus ministros que visiten las universidades para tratar de conjurar allí los posibles focos de descontento. A lo largo del viernes la televisora oficial Venezolana de Televisión transmitía imágenes de las reuniones. Al mismo tiempo los tribunales y la fiscalía, que responden a los dictados del Ejecutivo, han decidido ir con todo contra la dirigencia política que en su criterio azuza a los jóvenes para que permanezcan en la calle.
Los destinatarios más visibles de esa contraofensiva son Leopoldo López, el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, que pertenece a la Internacional Socialista, y la diputada independiente María Corina Machado. López ha pasado a la clandestinidad después de que un tribunal ordenara su captura. Sus compañeros del partido no han podido certificar la validez de esa instrucción. Cuando acudieron a los tribunales para buscar la orden se encontraron con que la oficina que distribuye los expedientes estaba parcialmente quemada. “Cuando podamos verla entonces daremos una declaración pública”, informó a EL PAÍS Carlos Vecchio, coordinador político de la organización.
En un sorprendente giro la Mesa de la Unidad, la alianza de partidos opositores, cerró filas con López, a pesar de que forma con Machado un ala que ha roto con la estrategia impulsada por la coalición. Su secretario ejecutivo Ramón Guillermo Aveledo condenó los “infundados señalamientos” contra el líder de Voluntad Popular y advirtió que la democracia venezolana está en riesgo tras las amenazas de despojo del fuero parlamentario de la diputada Machado.
La dirigente enfrentará desde la próxima semana un procedimiento ya conocido por los venezolanos. La Comisión de Política Interior le pedirá al Ministerio Público que determine si hay razones para quitarle la inmunidad de su cargo. Después el Tribunal Supremo de Justicia ratificará o no la petición. Machado fue la parlamentaria más votada en las elecciones de 2010 y una verdadera bestia negra para el chavismo. Desde 2012, cuando se encaró con el entonces presidente Hugo Chávez en la presentación de su mensaje anual al Parlamento, el gobierno le juró inquina eterna.
En la provincia han continuado las protestas con mayor o menor intensidad. El gobernador José Vielma Mora denunció que en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, un grupo intentó tomar una subestación eléctrica. En el estado Carabobo el mandatario Francisco Ameliach informó de la detención de once personas que protagonizaron disturbios en la principal autopista de la capital de esa entidad, Valencia. En Caracas las vías expresas del Este de la ciudad están parcialmente cerradas por manifestantes que reclaman seguridad y mejores condiciones de vida. Y una gran cantidad de personas marchaban hacia la sede de la Organización de Estados Americanos en la urbanización Las Mercedes.
A las 22.30 hora local (las 4:00 de la madrugada en la península española) la protesta comenzaba a languidecer. Cerca de la plaza Francia se elevaban humaredas desde pequeñas piras avivadas con basura y parte del ornato. En las calles laterales de esta zona residencial estaban desparramados desperdicios en el medio de la vía. Muchos de los jóvenes presentes tenían piedras entre sus manos y esperaban con botellas la inminente arremetida de la policía, que estaba dos cuadras hacia el sur, en la salida de la autopista Francisco Fajardo. Entre ellos cundía el cansancio. Algunos eran partidarios de resistir. Otros querían retirarse a reponer fuerzas para volver a la calle este sábado.
Los acontecimientos ultimos en Venezuela, Uds. podran sacar conclusiones.
Recopilado del Diario el Pais de España ya que los medios en Venezuela no Hablan de ello, PORQUE SERA?
Febrero 2014Recopilado por AGS
